En una de las épocas más oscuras de la historia del mundo y de México, la ignorancia se convirtió en un factor legal, qué bajo criterios obtusos se atrevían a condenar a personas por ser brujas, herejes o cualquier otra cosa que contraviniera el orden jerárquico de la realeza o de los mandos de la iglesia.
En Salem Massachusetts, a finales del siglo XVII, varias fueron juzgadas y asesinadas por el delito de ser brujas, acusaciones que carecían de todo tipo de veracidad y sólo se basaban en la estupidez e ignorancia de quienes las juzgaban por ser diferentes.
Los juicios a las brujas de Salem han sido usados retóricamente en la política y la literatura popular como una advertencia real sobre los peligros del extremismo religioso y de todo tipo, usando acusaciones falsas, fallos en el proceso y la intromisión gubernamental en las libertades individuales.
Pero el México colonial tuvimos nuestra propia institución dedicada a perseguir a quienes eran diferentes y estorbaban al régimen vigente: la santa inquisición.
La Santa Inquisición fue un tribunal religioso católico que persiguió y castigó a quienes se oponían a la fe oficial, a las buenas costumbres y a la moral cristiana.
La Inquisición persiguió a los disidentes de las creencias católicas y a quienes practicaban o seguían practicando otras religiones.
Los castigos aplicados por la Inquisición heran ser quemados vivos en hogueras, la tortura terrible y el despojo de las pertenencias. De pilón la Santa Inquisición vigilaba los libros y los censuraba, prohibiendo leer lo que no fuera oficial, dogmático católico.
Dos siglos y medio después, los tribunales inquisoriales reaparecen ahora adosados con la idea de molestar al enemigo político, al que no está de acuerdo con la nueva religión política oficial y con quien cuestione a los nuevos dueños del poder en México.
El uso de la justicia para castigar al enemigo político es recurrente y las fiscalías, las dependencias encargadas de la fiscalización y recaudación de los impuestos, son ahora el instrumento de persecución de quien rompe el status quo.
Desde las tribunas mediáticas se juzga y se condena a las personas sólo por el hecho de que algún delincuente lo señala, algún criminal que estando preso obtiene ganancias, a cambio de señalar presuntos responsables o cómplices de las conductas delictivas.
Se le da más valor de prueba al dicho de un criminal, que a una evidencia científica, obtenida con el rigor de la investigación criminalística.
El caso de los estudiantes de Ayotzinapa representa claramente lo que sucede en México, en el que los policías y los ministerios públicos que participaron las investigaciones están presos, mientras que los criminales confesos, que que cometieron los aberrantes crímenes según su propia confesión, están libres porque se les violó su debido proceso.
Nuestro país camina en un sentido inverso proporcional a los logros que hemos obtenido al tratar de tener sistemas jurídicos soportados en el respeto a los derechos humanos y en la presunción de la inocencia.
El debido proceso se viola sistemáticamente por las policías y ministerios públicos de todo tipo, al carecer de formación educativa que les permita tener una idea clara de la labor que desempeñan.
Ahora con los nuevos jueces, magistrados y ministros de la neocorte bufonesca, la ignorancia será la característica de quienes, sin tener merecimientos ni estudios ni carrera profesional, serán los nuevos inquisidores, al mando obediente del poder en turno.
El retroceso jurídico es evidente, pues solamente un cretino puede pensar que una tómbola puede sustituir a la formación y a la carrera profesional, al conocimiento que se adquiere con el trabajo cotidiano, con los estudios de posgrado y especializados.
Los tribunales sumarios que pululan desde los micrófonos de los usuarios del poder, son verdaderos verdugos de la reputación de muchos, a los que sólo a base de saliva y con suposiciones, son juzgados y tratados como criminales.
No es posible que en pleno siglo XXI México retroceda en sus procedimientos judiciales y de selección de los impartidores de justicia, al grado de rifar en tómbolas los espacios, que debieran ser para gente preparada.
Triste situación vivirá nuestro país en el que cualquiera puede ser juzgados por suposiciones, en el que los militares pueden acusarte o detenerte sin una causa justificada o si la orden de una autoridad competente, en el que existe la reclusión forzada por el solo simple hecho de suponer que eres culpable de la comisión de algún delito sin que haya sido vencido en juicio.
La presunción de la inocencia es cosa del pasado.
A la hoguera los que no estén en el coro gubernamental, como si se tratara de brujas o judíos acusados por ser diferentes y no seguir la sintonía de el aplauso al gobernante.
