Segunda de tres
Para dar continuidad a la privatización era de vital importancia, que la orientación de la política económica del próximo gobierno fuera afín a ella, sin embargo, la elección del 2006 representó un riesgo para el régimen gobernante, por la manera en que se habían movido las preferencias electorales a favor del cambio a la izquierda. Después del polémico resultado electoral, durante la primera mitad del nuevo sexenio (2006-2012) la generalizada sospecha de fraude no permitió seguir avanzando en esa ruta, pero en la segunda mitad se instrumentó un auténtico proceso de desnacionalización. En síntesis la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que nació en 1960 con la nacionalización, representaba un símbolo de aquella política que habría que borrar. Así, en octubre de 2009 se decretó su extinción, aceptando de hecho la incapacidad del gobierno para administrarla; de paso se eliminaba al principal opositor a la privatización: el Sindicato Mexicano de Electricistas.
“desagregar” fue el eufemismo utilizado para fragmentar y debilitar a la CFE, con las directrices de la (contra) reforma energética del 2013. La Secretaría de Energía en diciembre de 2015 establece los “Términos de la Estricta Separación Legal” de la CFE. En marzo de 2016 se concluyó la subdivisión de la CFE creando 13 empresas: nueve subsidiarias y cuatro filiales, operando cada una de manera independiente con espacios delimitados y con consejo de administración. Se conforma un nuevo mercado eléctrico, quedando cada empresa en competencia abierta y con amplia desventaja, respecto de otras empresas nacionales y extranjeras. Divide y vencerás o divídete y te debilitaras, el caso es que metidos en el negocio, los personajes del gobierno que eran juez y parte, de cualquier forma salían ganando.
Bajo los nuevos criterios del gobierno de López Obrador, se declaró en junio de 2019, que las empresas subsidiarias y filiales tendrán un enfoque primeramente social y en segundo término lo comercial. Se propone fortalecer la estructura financiera a través de cinco ejes: soberanía y seguridad energéticas, rentabilidad con responsabilidad social, cero tolerancia a la corrupción, austeridad y transparencia.
El 11 de octubre de 2021, la ingeniera Rocío Nahle García, Secretaria de Energía, informó particularidades de la reforma eléctrica de la 4T: Se suprime la denominada “separación legal de las empresas subsidiarias”; queda de nuevo integrado todo el proceso, producción-generación-transmisión-distribución-abastecimiento-consumo; La energía eléctrica en todo su proceso, se le considera como de seguridad nacional y derecho humano, por considerarse su carencia, como un factor importante de pobreza social; El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se reincorpora a la CFE para garantizar un control eficiente del despacho.
Se eliminarán los llamados “Contratos legados” por ser violatorios de la “Ley de la Industria Eléctrica” que nada tienen que ver con la libertad de empresa. En ellos se instrumentan los “acuerdos de transferencias”, que más bien eran fraudes legales. Son simplemente ventas a precios muy altos de la energía generada por empresas privadas, al Estado o sea a la Comisión Federal de Electricidad, que ya se encontraba deliberadamente dividida y contenida en su producción. Es la estrategia de la concepción neoliberal.
Informó también la ingeniera Nahle, de la prioridad en el despacho eléctrico de la producción hidroeléctrica, por ser en si una energía limpia, barata además de firme y constante, es decir que no tiene intermitencias; le siguen la Nuclear y la geotérmica que son también limpias; enseguida las que utilizan gas de CFE y otras térmicas, tanto de la CFE como de privados; luego las intermitentes eólicas y solares; las de gas privadas y al final las que generan a partir del carbón mineral. Atendiendo siempre aspectos de mérito empresarial como los costos de producción, no de manera caótica y preferencial. Importante es la aclaración de que, la reforma no significa expropiación o nacionalización, se garantizará a los privados el 46% de la generación, la CFE generará el 54% y ambas podrán coexistir, garantizando la seguridad y tarifas por debajo de la inflación. “No se va a nacionalizar ni un tornillo ni una tuerca”.
La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión de hidrocarburos, convertidos en organismos autónomos, pasarán de nuevo a la Secretaría de Energía, como estaban antes de la (contra) reforma del 2013. Se tenía entonces, una demanda proyectada de 52,500 Mw, la CRE autorizó permisos por 134,372Mw, más del doble, derivado de una falta de coordinación regulatoria para lo que fue creada, extendiendo permisos sin control, creando vicios de corrupción y un desbalance energético grave, dejando en riesgo toda la infraestructura de transmisión eléctrica.