Primera de tres.
Por ser una reforma constitucional, se necesita de una mayoría calificada en la votación del Congreso de los diputados porque modifica los artículos 25, 27 y 28. En el 2013 se dio marcha atrás en esta parte de la constitución que le daba soberanía a la nación sobre el petróleo, el gas, los minerales en general, sobre todo los que representan una importancia estratégica como el litio. La idea es recuperar en el 25 la rectoría del estado en el desarrollo nacional para fortalecer y rehacer la soberanía perdida; en el 27 la exclusividad a la CFE, de todo el proceso eléctrico: generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica, por ser parte del rubro nacionalmente estratégico; en el 28 para que el Estado mexicano pueda de nuevo garantizar la seguridad del abastecimiento, costos accesibles para el consumo y la sustentabilidad económica, no se debe argumentar el concepto de monopolio cuando está de por medio la seguridad nacional como en cualquier parte del mundo.
Hagamos una breve revisión del pasado. Las primeras hidroeléctricas fueron concesiones de los Estados y Municipios del país. En 1901 se emitió la Ley de Aguas Federales para que dichas concesiones las otorgara la federación. En 1926, la primer política regulatoria con el Código Nacional Eléctrico. En la década de los treinta, se crea la CFE y la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) para regular todo el proceso: generación, transmisión, distribución, exportación, compraventa y consumo. En 1948 una Comisión de Tarifas para implantar un régimen de cobros. En 1960 se reformó la Constitución para decretar la nacionalización de la industria eléctrica y se creó la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) para el suministro a la ciudad de México y estados vecinos donde operaban las compañías extranjeras nacionalizadas. En las décadas de los sesenta y setenta, el extraordinario ingreso petrolero permitió mantener estables las tarifas eléctricas. Fue hasta 1983 que se modifica la LIE y se convierte en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica con la que se autorizó a particulares tener plantas propias para autoabastecimiento.
En las tres décadas de 1988 a 2018, cinco sexenios, se da un cambio drástico al modelo económico, de uno nacionalista y desarrollista a otro de carácter neoliberal que priorizó la privatización, la desregulación y una discutible globalización de la economía. Surge una nueva Ley de la Industria Eléctrica que facilitó indiscriminadamente el autoabastecimiento convirtiéndose, lejos del propósito original, en una entrega al capital privado del control de esta industria. Al extender con la complacencia del gobierno, el concepto a Sociedades de Autoabastecimiento, agregando supuestos socios, haciendo un negocio mercantil paralelo al servicio público, al que está obligada la CFE. Como complemento a esta política se creó en 1993 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para normar y ajustar la nueva situación de los productores privados de gas y electricidad en lo que se refiere a concesiones, arbitraje y tarifas. Increíblemente se les da a los privados beneficios y ventajas muy considerables, por encima de la industria eléctrica nacional representada por la CFE, incluyendo el aprovechamiento de la transmisión a través de la red de líneas eléctricas en todo el país, sin la retribución correcta por el uso de esta extensa obra de infraestructura de la nación.
En el texto del libro “La Industria Eléctrica en Nayarit” del 2020 expuse (con las citas hechas el paginas 194-196) que en el sexenio 1994-2000 no hubo inversión estatal en generación eléctrica pero si se avanzó en la adecuación legal de la privatización; se concreta dicha reforma: del 27 constitucional con la que a la Nación o sea la CFE se le deja solo la obligación operativa de la transmisión, abriendo las demás actividades a particulares: la inversión en generadoras y obviamente la recaudación; del 28 en el que se deja de dar prioridad a la seguridad nacional en el manejo energético.
En general el cambio propuesto estriba en que para el Estado solamente se consideran estratégicas las áreas de minerales radiactivos, la generación nuclear y el servicio público. En 1999 se aprueban más cambios en la Constitución, claro que con mayorías calificadas logradas con los famosos “moches”, que permitieran desagregar el sector con la creación de empresas de distribución con concesiones de tres años; se vendieran plantas salvo las hidroeléctricas y la nuclear; se estaba ya planteando que los productores independientes vendieran directamente a industriales y a la CFE con contratos a largo plazo y sin licitación pública. Se manejaba que la electricidad no era un servicio público sino un servicio comercial.
La oposición política de ese tiempo, ya había captado que se estaba siguiendo, paso a paso, un proceso calculado hacia un modelo de privatización, parecido al de Teléfonos de México, mediante el cual primeramente el Estado desincorpora para permitir luego a la iniciativa privada adquirir, restructurar y, posteriormente que el gobierno establezca la nueva regulación. Los teóricos y técnicos de la ciencia económica tradicional asumen de facto que en la economía ocurre una autorregulación en la asignación de recursos a través de los precios, por lo tanto, se debe fortalecer y diversificar el mercado y que el estado se circunscriba a garantizar la eficiencia; Esto aunque puede ser rebatible, en el ámbito de la industria eléctrica nacional y del sector energético en general deja un hueco por donde se cuela la dependencia económica severa, y se pone en riesgo la soberanía del país.
